Haciendo

¿Por qué no?

23 De abril de 2018

Las constituciones generan  la cristalización de las normativa y valores vigentes; es así que entendemos que una Reforma de la Constitución es crear un nuevo pacto entre el Estado y la Sociedad, que nos permita repensar y re formular las normativas vetustas para la sociedad de hoy. 

La pregunta suena bien sencilla, y hasta parece más sacada de algún libro de autoayuda, que de alguna bibliografía jurídica. Sin embargo, interpelarnos de ésta manera simple puede llegar a ayudarnos, y mucho, en destrabar debates precisos para alcanzar una legislación moderna y aggiornada a las necesidades actuales.

Leemos, en diferentes lugares, en distintos momentos, si es necesario (o no) reformar la Constitución Provincial. Se han preguntado ¿porqué?, ¿para qué?, ¿ahora?, tal vez sea menester salirnos de ese laberinto que a nada conduce e ir buscando alguna escapatoria. Por paradójico que pueda sonar, se trata de simplificar para profundizar, se trata de superar aquella enmarañada trilogía con categórico un: ¿Por qué no? Veamos entonces.

Las constituciones generan la cristalización normativa de determinados principios y valores vigentes perseguidos por una determinada generación, que influyen -salvo interrupciones democráticas dónde se suspende su aplicación- en todos los aspectos de la vida de los habitantes. Así las cosas, una reforma de la Constitución significa entonces un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad, asentado en el derecho como mecanismo de integración, o sea, un pacto de confraternidad ciudadano e institucional, que nos permita renovar estructuras vetustas para una sociedad que ya en poco de asemeja a las anteriores. Es la Carta Magna de la Provincia, y aunque para reformarla no sea necesaria la unanimidad, sin dudas sí es necesaria la deliberación y el diálogo robusto para alcanzar dicho pacto.Un proceso realmente complejo ya que deben alcanzarse consensos entre mayorías y minorías a través de sanas discusiones y consentimientos, mas nunca con el avasallamiento de una sobre la otra.

Como dijéramos anteriormente, las reformas legislativas y constitucionales, siempre se dan en búsqueda de una determinada finalidad, persiguiendo la materialización de determinados valores. Así, en 1962, el objetivo era garantizar la gobernabilidad del P.E. en tiempos de una gran inestabilidad. Ahora bien, ¿cuáles deberían ser los valores perseguido en una nueva reforma? Creemos que dicha definición de valores es fundamental, es el norte, el fin último de la tarea de los futuros constituyentes santafesinos; porque esos valores reflejan derechos, que no sólo deben estar contemplados, sino al mismo tiempo vigorosamente garantizados.

Estos derechos son los que deben estar hoy agregados a la Constitución Provincial. En el debate de si debe o no modificarse la parte dogmática de la Carta Magna, nos inclinamos por la primera. Creemos que no debemos cerrar la posibilidad de que se sumen nuevos derechos a los que se le pueda dar jerarquía constitucional, y en consecuencia una mayor garantía. Más aún, si tenemos en cuenta, como decíamos, lo mucho que cambió la sociedad del 60 a la actual. Por lo que, pese a haber sido una constitución de vanguardia, hay derechos subjetivos que no fueron incorporados al texto normativo porque simplemente no existían como tales, nos inclinamos por la primera. Creemos que no debemos cerrar la posibilidad de que se sumen nuevos derechos a los que se le pueda dar jerarquía constitucional, y en consecuencia una mayor garantía. Más aún, si tenemos en cuenta, como decíamos, lo mucho que cambió la sociedad del 60 a la actual. Por lo que, pese a haber sido una constitución de vanguardia, hay derechos subjetivos que no fueron incorporados al texto normativo porque simplemente no existían como tales.

Sin ir más lejos, en la última reforma de la Constitución Nacional, se incorporaron (en la parte orgánica) al plexo normativo interno una variada gama de tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Y, si bien no fue éste el objetivo de la reforma, esta modificación introdujo en nuestro sistema una multiplicidad de derechos. La importancia capital de esta nueva gama de derechos, con sus consecuentes obligaciones para el estado, y la posibilidad de que al mismo pueda atribuirse formalmente su incumplimiento ante estamentos internacionales con un altísimo grado de consenso, llevó, por ejemplo, a que nuestra Provincia debiera modificar su sistema de enjuiciamiento penal.

Así, la incorporación de estos instrumentos internacionales de derechos humanos vino a imponer al estado el cumplimiento de determinadas obligaciones de garantía, bajo amenaza de incurrir en responsabilidad internacional. Estos tratados integran hoy lo que se ha dado en denominar “Bloque de Constitucionalidad”, imponiéndose su obligatoriedad en todo el territorio nacional. ¿Es necesaria su expresa incorporación en nuestra constitución provincial? A simple vista, podría decirse que no, puesto que ya nos obligan; sin perjuicio de ello, nos permitimos disentir, resaltando que la adherencia o sometimiento a los mismos, teniendo presente sus implicancias, y el contenido solidario, democrático, socializador e inclusivo que representan la defensa de los derechos de las minorías, de los más vulnerables, y la contemplación específica de la extensa gama de derechos económicos, sociales y culturales, no es una mera formalidad, es una ratificación de valores, de principios estrechamente ligados a las izquierdas democráticas, al modelo de estado y de sociedad que anhelamos.

Sin embargo, y conforme adelantamos en párrafos anteriores, creemos que con ello no basta: Una reforma que sólo se centre en los derechos, sin contemplar las herramientas para su efectivización, sería casi como caer en saco roto. En tal sentido, es esencial crear y disponer de aquellas herramientas/instituciones que nos permitan garantizar derechos, porque un derecho sin garantía es sólo letra muerta. Y esto no es un debate teórico ni académico, tiene que ver con las realidades diarias de miles de trabajadores, mujeres, niños, ancianos, tiene que ver con la vida de todos los santafesinos. Entonces, entendiendo la importancia de que dichos derechos y sus respectivos instrumentos de defensa para hacerlos valer ¿Por qué vamos a renegar de que sean incluidos a nuestra Constitución? ¿por qué no incorporarlos?

Pensemos en esto entonces, por qué no someter a la crítica constructiva y creadora a los sistemas de distribución de la riqueza, del trabajo, de educación, de salud, de justicia, y podríamos agregar aquí también, políticos, que se traduzcan en verdaderos cambios institucionales, en mejor acceso a los derechos.No se concibe por qué no analizar y al menos, discutir, ciertos temas que hacen al funcionamiento del estado y al ejercicio de los derechos tales como: la composición de la Legislatura Provincial, la representatividad de los legisladores, el sistema de gobernabilidad del ejecutivo y mayorías, sistema de distribución de bancas. Por qué no discutir el derecho electoral provincial, su sistema de votación, el organismo electoral, en cuanto a su conformación y funcionamiento; o bien la elección en el P.E., y la posibilidad de reelección, como así también el ballotage; incluso los sistemas de control de la Administración Pública, las autonomías municipales, y la duración de los mandatos y conformación de Comisiones Comunales, la representatividad de concejales. Y, como mencionábamos anteriormente, la constitucionalización de Tratados Internacionales. Por qué no permitirles a los constituyentes repensar el sistema de Justicia, el MPA y el SPPDP como órganos extrapoder, el sistema de selección de magistrados, y la previsión de vías ágiles de tutela de los derechos (habeas corpus, hábeas data), como así también la misión y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.Por qué no tratar en convención constituyentes temáticas tan vigentes como controvertidas para poder, de una vez, avanzar sobre su reglamentación, como el sistema laico o secular, la paridad de género en espacios de decisión, la tutela del medio ambiente, la protección de consumidores y usuarios, la organización y control de los servicios públicos, y hasta los nuevos mecanismos de participación ciudadana.

De esta manera, si acordamos todxs, por qué no serían estos temas, entre otros, puestos, al menos, a consideración del constituyente, podría llegar a ser válida la pregunta:¿por qué Ahora? Para responder este interrogante es útil acudir a la historia. Los procesos de reformas constitucionales en Latinoamérica, generalmente han sido precedidos de crisis institucionales. Sin embargo, no creemos que ello deba ser siempre así. Si una reforma constitucional sirve para mejora la calidad de vida de los santafesinos, ¿por qué esperar situaciones críticas para tomar decisiones? Podemos reaccionar a tiempo. La defensa y salvaguarda de los derechos no debería depender de voluntarismos y juegos de tire y afloje. Desde el progresismo democrático, esencialmente reformista, entendemos que no hay necesidad de esperar los momentos de crisis para trabajar en esos cambios, grandes y pequeños, que persiguen más y mejores grados de institucionalidad, más y mejor desarrollo de derechos, más y mejor calidad de vida.

Resaltamos que una reforma constitucional no paraliza el trabajo de los gobiernos, al contrario, los empuja, los obliga a gestionar esos mismos derechos y valores que en paralelo se quieren plasmar en la norma fundamental. No existe un momento más adecuado, o mejor que otro, ya que no hay contradicciones, no hay contratiempos, porque en ambos planos anhelamos lo mismo: cambiar la realidad para lograr mayor igualdad, solidaridad, y participación entre todos los ciudadanos. Una Constitución nunca será el perfecto escudo protector contra todos los problemas, pero cuando la norma suprema abraza y protege los derechos humanos como es debido, el abuso de los derechos se torna, al menos, más difícil. En otras palabras, parafraseando a Raúl Scalabrini Ortiz: “todo lo que no se legisla explícitamente en favor del más débil, queda legislado en favor del más fuerte”.

En definitiva, si con claridad se divisa que es menester de avanzar con estos debates, para mejorar la institucionalidad local. Si nadie duda de la importancia de generar algunas posiciones en asamblea constituyente. Si acordamos todos y todas lo vetusto de sustanciales regulaciones de la actual constitución, como así también de la necesidad de crear nueva normativa para cuestiones inexistentes al momento de la última sanción. Si se sabe que el Derecho está tendiendo a la constitucionalización (o descodificación), en nuestra provincia, paradójicamente, nuestro texto constitucional, por sus más de cincuenta años de vigencia, no hay manera que no vaya perdiendo fuerza y eficacia, en contramano con los procesos jurídicos de vanguardia. Si es ésta la situación de revista, la reforma constitucional es definitivamente una necesidad real, entonces ¿Por qué no?

View Fullscreen

Comments

comments

Suscribete a nuestro Newsletter