Actividad

No a la baja de edad de punibilidad penal

13 De marzo de 2017

El día viernes 10 de marzo de 2017, se realizó en las instalaciones de CEMUPRO Buenos Aires la Jornada de debate y reflexión: no a la baja de la edad de punibilidad penal, actividad que se co-organizó junto a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y las Juventudes Socialistas Argentinas. Fue un encuentro entre distintas organizaciones y partidos políticos, donde el eje central fue el debate en torno a la situación penal y social de las juventudes en Argentina. Se hicieron presentes como panelistas Denisse Legrand, del Movimiento No a la Baja de Uruguay, Cristian Penna de INECIP y Vanesa Salgado del Instituto Gino Germani.

Durante la jornada se reflexionó sobre cómo la participación en hechos delictivos de menores de edad y su comercialización mediática, alimentan la construcción de un sujeto fácilmente identificable y estigmatizante: jóvenes, fundamentalmente varones, pobres y de las zonas periféricas de las grandes ciudades. Sin embargo, según datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef Argentina, de 871 jóvenes privados de su libertad por edad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a chicos considerados no punibles según la ley argentina.

Pensar un sistema penal juvenil, desde los 16 años, que respete las garantías constitucionales y los tratados internacionales, deviene imprescindible ante un régimen actual que fue consagrado durante el último golpe cívico militar. Quienes se hicieron presentes coincidieron en promover un Estado activo que piense con y desde los jóvenes, políticas públicas con el fin de incentivar la participación, con inclusión social que posibilite el desarrollo de un proyecto de vida. Concentrar el debate en torno a la edad en que una persona puede ser sometida a un proceso penal, deja por fuera la discusión los derechos y garantías de cada una de los niños, niñas y adolescentes, echando por tierra la incorporación en 1994 de la convención de los Derechos del Niño como tratado internacional con jerarquía constitucional.

Finalmente, se concluyó que la ley actual no prevé ninguna de las garantías procesales previstas en nuestra Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos del niño, es por ello que, más allá de la coyuntura, la cuestión penal-juvenil es un problema que necesariamente exige soluciones políticas. Solo a partir de un Estado activo que piense con y desde los jóvenes políticas públicas orientadas a su inclusión social, al desarrollo de la participación, el disfrute de los espacios públicos, la accesibilidad a los lenguajes culturales, el acceso a la educación pública y mayores oportunidades en su proyecto de vida que conseguiremos reforzar las seguridades sociales, garantizaremos derechos, brindaremos mayores oportunidades y re-distribuiremos ingresos.

 

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